La oficina del Rector admite Informes Inflados

El de Febrero, Kevin Fallis, el portavoz del Rector de Cal State University, Charles B. Reed, confirmó en una entrevista con este periódico que un informe utilizado por su oficina para establecer un “punto de referencia” para la determinación de los salarios de los presidentes de CSU se basó en datos erróneos. Según su afirmación los datos eran “claramente erróneos.”

El informe, desarrollado y mantenido por la desaparecida Comisión de Educación Post-Secundaria de California (CPEC) tenía la intención de proveer a la oficina del Rector y otras entidades estatales con un mecanismo para establecer el manejo de importantes temas fiscales como la matrícula, el salario docente, y los honorarios de los presidentes. Este informe permitía determinar recuros para universidades de características comparables como las del sistema de universidades estatales de California. En cambio, el informe utilizó una lista de instituciones que tienen poca semejanza con la mayoría de las 23 universidades de CSU como las universidad USC, Rutgers y de Tufts.

Un reciente informe proporcionado por la oficina de Asuntos Públicos de CSU confirma “la [lista] incluye instituciones públicas y privadas con ninguna relación” con el sistema de CSU en lo que respecta “al número de estudiantes, el presupuesto, y la misión.” Por otra parte, se reveló que entre los lista de instituciones “comparables” utilizada para el establecimiento de un punto de referencia para el salario de presidentes incluían las universidades que pagan a sus presidentes entre $ 800.000 y 2 millones de dólares en compensación anual.

Estas diferencia entre las universidades y los presidentes de la CSU dieron permitieron “inflar artificialmente el mercado salarial.” La lista de universidades que crea comparaciones falsas, fue utilizado más tarde por la oficina del Rector Reed para justificar los aumentos de salario presidencial, como el controvertido aumento dado al presidente de la Universidad Estatal de San Diego (SDSU) el verado pasado.

Cuando este periódico le preguntó a Fallis si el Rector tenía alguna preocupación sobre la viabilidad de la lista, Fallis admitió que en las últimas dos décadas su oficina ha expresado su preocupación en “numerosas” ocasiones por la falta de equidad entre las instituciones que figuran en la lista y las del sistema CSU. De acuerdo con Fallis, el Rector expresó su preocupación sobre la lista de CPEC, pero debido a “presiones institucionales” se vio obligado a continuar su uso.

Si bien aún no se ha revelado exactamente cómo la lista es una influencia que determina la compensación presidencial, el hecho de que el Rector mencionó los resultados de la lista para justificar el aumento de $50.000 para el presidente de la SDSU el año pasado, indica que la lista fue un factor definitivo.

Cuando se le preguntó porqué el Rector usa los datos que él sabía que eran engañosos, Fallis defendió la actuación del Rector indicando que su uso tenía la intención de proveer al público con un “punto de referencia.”

El pasado mes de enero, el Concejo de Administración de CSU anunció una importante revisión al método utilizado para determinar la compensación presidencial. Se incluye en la revisión una nueva lista que “hace corresponder instituciones con características comparables y otros criterios de sentido común... como la población estudiantil, el presupuesto, y el nivel de la investigación.”

Cuando se le preguntó lo que motivó a las revisiones, Fallis insistió en que los cambios realizados se entiende como “una mejora de los procesos existentes y no una acusación formal de los trabajos realizados por el CPEC.” Sin embargo, en la página de preguntas más frecuentes (FAQ) proporcionada por su oficina para explicar las razones detrás de la nueva política, la lista de CPEC está descrita como “inflada y anticuada.”

Irónicamente, el sitio web del CPEC explica que su misión principal era “asegurar la utilización eficaz de los recursos públicos de educación post-secundaria.” Una misiónn que parece haber sido socavada por una lista que el CPEC se negó a cambiar,a pesar de las preocupaciones expresadas por el Rector. La pregunta de por qué estos problemas no fueron abordados sigue siendo un misterio.

Lo que se sabe es que durante 20 años, el Rector del sistema CSU y el Consejo de Administración se vieron obligados a utilizar los datos de comparación que ahora se desvirtuan por carecer de “sentido común” y que se usaron como criterios que establecer “benchmarks” para varios de los asuntos económico más importantes de sus estatutos.